miércoles, 11 de abril de 2012

LA CARRERA JUDICIAL DE PEDRO HOOFT:


SU CARRERA EN EL PODER JUDICIAL SE DESARROLLÓ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL ÁMBITO DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ES DECIR: NUNCA SE DESEMPEÑÓ EN EL FUERO FEDERAL.

Ingresó al Poder Judicial en 1966 como Secretario de un Juzgado Civil. Más tarde desempeñó funciones como Secretario de Cámara, Fiscal de Primera Instancia.
Luego Juez de primera instancia del fuero penal, cargo que actualmente desempeña. (Por no ser Argentino nativo -nació en Holanda- una cláusula de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires le impedía ser ascendido a cargos judiciales superiores. En el año 2004, por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida expresamente a su caso personal, fue habilitado para cargos judiciales superiores en la Provincia).

En 1984 el Gobierno Constitucional efectuó una cuidadosa evaluación del desempeño de los jueces durante el gobierno de la dictadura, especialmente en el fuero penal: HOOFT luego de ello, OBTUVO EL ACUERDO DEL SENADO en 1984 y fue CONFIRMADO, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en su cargo de JUEZ PROVINCIAL.

Nuevo documento:
Copia del ACUERDO DEL SENADO. 1984.




CONDENAS DE HOOFT por torturas y detenciones ilegales a policías fueron mencionadas como "EXCEPCION" a la general impunidad en causas por torturas y vejámenes. Las mismas son parte del INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA, "Informe Argentina 1980" que más adelante veremos.

En Diciembre de 1976 mientras investigaba torturas y corrupción policial (en el ámbito que era de su estricta competencia, la justicia provincial) recibió un gravísimo ATENTADO con armas de fuego en su vivienda familiar en donde se encontraban él, su esposa y sus pequeños hijos.

HOOFT controlaba condiciones de detención en Comisarías y Cárceles (de personas detenidas a disposición de la justicia provincial). Dictó detenciones y condenas desde el año 1976 en adelante por torturas y corrupción. Muchas de esas condenas, lamentablemente, eran revocadas en instancias superiores.

Desde 1976 recibió y tramitó de inmediato HABEAS CORPUS por secuestros de personas. Como todos los jueces del país recibía informes de los organismos policiales y de seguridad, en los que se negaban las detenciones. En el Informe de la OEA “Argentina 1980” se destaca que similares informes recibían los jueces de todo el país en los recursos de habeas corpus.


Horacio Verbitsky
en "La Posguerra Sucia":
"El juez Hooft condenó a policías torturadores durante el gobierno militar. ¿Por qué habría de retroceder ahora?"

1° Ed. 1985 - 2° Ed. 1987
Reeditado en 2006 por Página 12/ Editorial Sudamericana.

En su libro La posguerra sucia, Verbitsky menciona al juez Pedro Federico Hooft.
En la página 138 dice:




Algunas CARTAS y NOTAS de Apoyo: 
Nota suscripta por Adela Mollard, Eva Giberti, Juan Carlos París, Armando Abruza, Héctor Marteau, Abel J.C, Ayala, Carlos V. Márquez y Antonio Manna.


NOTA FIRMADA POR LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL JUZGADO EN MARZO DE 2006









CARTA SUSCRIPTA POR FUNCIONARIOS, DEFENSORES Y AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL DE MAR DEL PLATA



Nota de las Profesionales, Dra. Beatriz Arza y de la Lic. María Alicia Pérez, de fecha 29 de diciembre de 2006, dirigida a título personal al juez Pedro F. Hooft. 
La Dra. Beatriz Arza, actual Defensora del Pueblo del Partido de General Pueyrredón y Ex Directora de la ONG CAAM (Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada), y la Lic. María Alicia Pérez, Presidente de la referida ONG, expresan en la presente carta su apoyo al juez Pedro Hooft por su defensa de los Derechos Humanos de las personas vulnerables.  

Mar del Plata, Diciembre 29 de 2006

Señor Juez -

Dr. Federico Hooft PRESENTE

De nuestra consideración:

Quienes suscriben la presente, partícipes desde hace muchos años del movimiento de mujeres marplatenses que lucha por la igualdad de género, para la construcción de una sociedad más equitativa y democrática reconocen que, en el marco de la investigación de mujeres en situación de prostitución muertas y desaparecidas, fuimos recibidas y atendidas siempre por el Sr. Juez Federico Hooft, quien se solidarizó con la causa motivo de nuestra preocupación

Debemos decir al respecto que, en aquel momento en que algunas instituciones y parte de la población marplatense antepuso a la condición de víctimas su historia de prostitución, la búsqueda de culpables y/o cómplices de tan aberrante s delitos parecía resultar indiferente a algunos sectores sociales.

Fue el Dr. Federico Hooft, como uno de los jueces de la causa quien le dio sentido a la investigación, descubriendo que detrás de las desapariciones existía una banda de policías que regenteaba y ejercía actos de corrupción fundamental en relación a la actividad de personas que ejercían la prostitución en Mar del Plata.

Además es conocido su compromiso en las causas referidas a los derechos de las mujeres, los temas de bioética y la defensa de los derechos de las minorías discriminadas (portadores de HIV -Sida, enfermos terminales en conflicto con las Obras Sociales, etc.)

Sin más, saludamos respetuosamente

Beatriz Arza y María Alicia Pérez.


Nota enviada por el Dr. Juan Carlos WLASIC al Juez Pedro F. HOOFT.



Nota de la Dra. María Luisa Pfeiffer (1997)

Carta de los Dres. París y Mollard. (1993)

Nota del Profesor Rodolfo A. Rodriguez, entonces Decano de la Facultad de Humanidades de la UNMDP. (2001)


Publicación en el Diario La Capital de Carta de Apoyo al juez Hooft escrita y firmada por Profesionales de la Justicia. Al hacerse público el texto se sumaron innumerables firmas por parte de la ciudadanía en general.

27 de marzo de 2006.


Profesionales de la justicia brindan contundente respaldo al juez Hooft
Abogados, magistrados, profesionales del derecho, funcionarios judiciales y otros representantes de la comunidad salieron al cruce de la denuncia presentada contra el doctor Hooft, entre otras cuestiones, por su presunta vinculación con el terrorismo de Estado.

Tras la presentación de una denuncia penal, en el ámbito de la Justicia Federal de esta ciudad, en la que se le imputa al juez Pedro Federico Hooft su presunta vinculación con el terrorismo de Estado y otros delitos de lesa humanidad, en el contexto de la fatídica "Noche de las Corbatas", numerosos representantes de la actividad judicial -abogados, fiscales, jueces y camaristas entre otros- dieron a conocer un documento rechazando esas imputaciones y resaltando el accionar del magistrado. 

En este sentido, señalan que el doctor Pedro Hooft "ha sido uno de los más activos luchadores -si no el que más- contra la tortura, los vejámenes, los apremios ilegales y los malos tratos policiales, durante la dictadura militar", añadiendo que el citado juez "ha dejado palmarias muestras de su denuedo en la defensa del derecho a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la identidad sexual". 

Textualmente, el documento de los profesionales comienza señalando que "los abajo firmantes frente a la reciente difusión pública, en distintos medios periodísticos locales y nacionales, de la promoción de una denuncia penal en el ámbito de la Justicia Federal de esta ciudad, en la que se imputaría al Sr. juez a cargo del Juzgado en lo Correccional Nº 4 de esta distrito (a la vez que mantiene la titularidad del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición Nº 1), Dr. Pedro Federico Cornelio Hooft, su presunta vinculación con el terrorismo de Estado y otros gravísimos delitos de lesa humanidad, que se dicen cometidos en el contexto de la fatídica "Noche de las Corbatas", durante el mes de julio de 1.977, de los que resultaron víctimas abogados de nuestro foro y familiares directos de éstos, queremos dar a conocer nuestra propia opinión de ciudadanos de un Estado democrático de Derecho, sin con ello pretender interferir la labor que viene llevando adelante el magistrado federal instructor". 

En este sentido, se remarca en el documento que están "convencidos que el juez denunciado no es -ni ha sido, antes- un genocida, como tampoco ha constituido asociación ilícita alguna para la comisión de ilícitos de lesa humanidad, en el marco de las acciones delictivas del terrorismo de Estado, pues a quien ha sido uno de los más activos luchadores -si no el que más- contra la tortura, los vejámenes, los apremios ilegales y los malos tratos policiales, durante la dictadura militar autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional" (al extremo de haber sufrido un gravísimo atentado en su vivienda a fines de 1976, a poco de haber encabezado un procedimiento judicial en el que se descabezara la cúpula de la Comisaría de Miramar, y del que milagrosamente él y su familia resultaron ilesos), mal puede reputársele haber pertenecido a organizaciones delictivas estatales, es más, ni siquiera haber sido cómplice al servicio de las doctrinas de la seguridad nacional que inspiraron a los grupos de tareas, encargados de planificar y ejecutar los actos de terrorismo de Estado que ahora se le coincriminan al denunciado". 

En otro párrafo del texto dado a conocer por abogados, magistrados y funcionarios judiciales, se sostiene que "a quien ha velado con tan fecundo celo funcional -siempre en especial referencia al período 1976/1983- por las condiciones humanitarias de detención de las personas sometidas a la jurisdicción provincial, tanto en dependencias policiales cuanto penitenciarias, como lo demuestran las innumerables actuaciones y causas penales iniciadas de oficio por el magistrado aludido, mal puede reputársele haber pertenecido a organizaciones delictivas estatales". 

"Defensa del derecho a la vida y la dignidad" 

El tercer punto del documento refiere que "a quien hubo sido denunciado por su desempeño funcional como juez, y siempre con relación a los hechos aludidos, concomitantes o similares, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires (conf. Exte. 3001-108/93, caratulado "Pannoni, Alberto Felipe -abogado- Acusa"), obteniendo resolución favorable de ese cuerpo que rechazó la formación de causa, con fecha 5 de agosto de 1.993, decisorio que quedara firme luego de haber desestimado la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. el recurso interpuesto por el acusador privado, mal puede reputársele haber pertenecido a organizaciones delictivas estatales", añadiéndose nuevamente: "Es más, ni siquiera haber sido cómplice al servicio de las doctrinas de la seguridad nacional que inspiraron a los grupos de tareas, encargados de planificar y ejecutar los actos de terrorismo de Estado que ahora se le coincriminan al denunciado". 

Por último, se remarca que "cual es público y notorio, a quien durante su extenso desempeño jurisdiccional en esta ciudad de Mar del Plata -con aciertos y errores, como es natural- ha dejado palmarias muestras de su denuedo en la defensa del derecho a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la identidad sexual, desarrollando a través del instituto del amparo la protección efectiva de tales valores de rango constitucional, siendo el pionero de la bioética a nivel local (y uno de los precursores de su estudio y aplicación a nivel nacional y hasta continental), mal puede reputársele haber pertenecido a organizaciones delictivas estatales". 

Entre los firmantes del documento pueden mencionarse a Esteban Horacio Viñas, Alfredo Deleonardis, Ricardo Favarotto, Daniel Laborde, Aída Kemelmajer de Carlucci, Carlos Ghersi, Ana María Di Lonardo, Ricardo Miguel Zuccherino, Marcelo Zarlenga, Ricardo Gutiérrez, Rodolfo Guimarey, Jorge Peralta, Ramiro Rosales Cuero, Miguel Angel Mitidieri, Mirella Marzola, Carlos Giménez, Miguel Dologarya, Mario Vera Tapia, Horacio Insanti, Analía Cristina Jorge, Mirta Fernández, Gloria Znchowicky, Juan Nicolás, Sergio García, María Fernanda Saumell, Carlos Hernando, José Fraraccio, José Luis Piuma, María Elena Palomo, María Carolina Visús, Silvia Caffaro, Enrique Arbizu, Gustavo Adolfo Redi, María Luisa Fux, José Luis Salgado Creo, Lucía Rodríguez Fanelli, Jorge Osvaldo Novelli, Horacio Salvador, Cristian Ariel Terrero, Geraldin Piccardi, Chiatti Fiana, Mónica Bustamante, Javier Pablo Laborde, Mónica Tejerina, María Gabriela Botálico, Sebastián Calderara, Pablo Haller, Matilde Chino, Alicia Rodríguez, Olga Arrechea, Eduardo Masarachio, María Laura Salemme, María Ana Simón, Osvaldo Camaño, Diego Otamendi, Adriana María Games, Ricardo Rodríguez Aranda, Isabel Olivera, Leonardo Tralibe Burattini, Héctor Martín, Néstor Peláez Allier, Olga de Cangiano, Raúl Viñas, Beatriz Castellanos, Justo Zanier, María Marta Mainetti, Ana Abraham, Carmen Rodríguez, Jorge Castro, Mario Serrat, Rodríguez A.M., Virginia Acuña, Susana Larroca, Teresa Asnáriz, Zulema Ruggieri y María Virginia Simonetti, entre otros.
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